2008-06-07
Raúl Blanchet
El revuelto mapa político que ofrecen la Concertación y la Alianza por Chile, parece reflejar sucesos o causas que recorren soterradamente nuestra realidad política y social, cuya dimensión y alcance aún no golpean con toda su fuerza.
Pocas veces antes de una contienda electoral, se había vivido un clima tan agitado en los conglomerados políticos más grandes del país, como el que se percibe ahora.
Un poderoso vendaval sacude a los partidos y bloques políticos, concertacionistas y aliancistas. Aún cuando sean motivadas por diferentes causas, la cadena de renuncias públicas a cargos partidarios, desafiliaciones de los partidos, surgimiento de listas paralelas y candidaturas alternativas para las próximas elecciones municipales, remecen al establishment político criollo.
Todo muestra que el epicentro del movimiento sísmico, se encuentran en factores enclavados más profundamente de lo que se podría suponer, pues las reacciones ante cada crisis política parecen incapaces de ponerles fin.
Un pacto nacional que quedó chico
Cuando la consultora Expansiva emitió en 2002 un análisis en que constataba el agotamiento del modelo económico y la necesidad de alcanzar un nuevo pacto nacional para emprender la conducción del país durante los años siguientes, dio cuenta de un fenómeno mucho más concreto que una simple elucubración. Las conclusiones se basaban en cifras y tendencias en desarrollo, que reflejaban la situación económica y social proyectada en una línea de tiempo, que constataba la tendencia a la inestabilidad y probable convulsión del país, si las cosas no cambiaban oportunamente de rumbo. Más allá de lo exacto o no del estudio realizado por el Think Tank del oficialismo, en enero de 2003 se selló el llamado pacto Lagos-Longueira, en el cual se negoció y firmó un acuerdo político legislativo para la "Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento del país", que contenía 49 proyectos de ley, concebidos para reforzar la transparencia del Estado, modernizar su gestión, regular los vínculos entre el dinero y las actividades políticas, y asegurar el desarrollo del país a través de la rápida aprobación de una Agenda Pro Crecimiento.
Aunque tal acuerdo surgió como respuesta a la ola de escándalos por hechos de corrupción que involucraban a funcionarios de gobierno o a personas que lo habían sido, y que amenazaba incluso el término normal del período presidencial, las medidas acordadas no sólo contemplaban superar el difícil episodio, sino instalar una estrategia común que proporcionara también un mecanismo eficaz de cogobierno.
Pero allí no se frenó en definitiva el proceso de desgaste del sistema. Desde el mundo empresarial aumentaron las voces exigiendo mayor flexibilización laboral, como el único camino para retornar a las mejores tasas de crecimiento del país y recuperar así la ruta más estable de desarrollo del modelo económico y con ello, la llegada de los innumerables beneficios que supuestamente debería acarrear. La agenda pro crecimiento avanzó, pero siguió sin lograr la recuperación de las mayores tasas de crecimiento económico de los años 90 -5%, 6 % y 7%- por una parte, y por otra las medidas para establecer mayor transparencia fueron absorbidas por la densa neblina de la corrupción, instalada desde los primeros años de la dictadura al facilitar el saqueo de las empresas del Estado por los grupos económicos –algunos de los cuales se formaron a partir de esas prácticas- y convertida en parte integral de la vida del país, como lo demuestran las incesantes denuncias y revelaciones que permanentemente hacen noticia, sin considerar aquellos casos que todavía permanecen sin ser descubiertos. Una tendencia que involucra a personas de todos los colores políticos, credos religiosos e instituciones.
La movilización social
El incremento de la movilización social es otro de los factores fundamentales que pone en tela de juicio la sustentabilidad del modelo. Grandes grupos de trabajadores subcontratados o externalizados bajo diversas figuras legales, comenzaron a desarrollar nuevas formas de agruparse y exigir mejoras en sus sueldos y condiciones laborales, haciendo crujir el andamiaje del modelo, confirmando en parte los vaticinios hechos por Expansiva en 2002. Subcontratistas forestales, de la minería estatal y privada, trabajadores del salmón, entre otros pilares de la economía exportadora, se plantaron resueltamente con sus demandas y generaron como respuesta de las autoridades un incremento de la criminalización de la protesta social, pero también una mayor barrera al incremento fácil de las utilidades de las grandes empresas. Todo lo contrario de lo esperado de la agenda pro crecimiento, no obstante que las grandes empresas no han dejado de percibir jugosas ganancias.
Una creciente movilización social se hizo presente en el país, como lo demuestran las reacciones de pescadores artesanales, trabajadores marítimo-portuarios, empleados fiscales, profesores, transportistas, entre otros, y muy especialmente los estudiantes, que desde la "revolución pingüina" se instalaron como actores del debate nacional sobre grandes temas y que por estos días protagonizan la toma de numerosos liceos y universidades.
Las comunidades mapuche que pelean por la recuperación de tierras y el establecimiento de derechos plenos para este pueblo nación, agregan un componente de alto impacto al escenario político del país. Reciben como respuesta la militarización de las zonas de mayor actividad, sin que aparezcan soluciones efectivas desde las autoridades. En los territorios en conflicto la tensión no decae. Por el contrario, se advierte la irrupción de métodos más radicalizados de lucha frente a la negativa oficial de satisfacer las demandas de las comunidades y el recrudecimiento de la represión como respuesta principal.
No es mera casualidad que durante el gobierno de Michelle Bachelet, hayan perecido a manos de Carabineros el trabajador forestal Rodrigo Cisternas y el comunero mapuche, Matías Catrileo, sin olvidar a otros asesinados por fuerzas policiales como Alex Lemun o Daniel Menco. Tampoco es casual que durante los primeros cuatro meses de 2008, se registrara la detención 2.634 personas en manifestaciones y protestas de distinta naturaleza, como informó una investigación del Centro de Estudios Francisco Bilbao.
Vientos de tormenta sobre el mapa político
La renuncia de Hernán Larraín a continuar como timonel de la UDI y el instantáneo surgimiento de dos postulaciones a presidir la tienda, encabezada una por Juan Antonio Coloma y la otra por José Antonio Kast, demuestra que las aguas no están nada quietas en ese partido, principal heredero de la "obra" de la dictadura. Baste recordar el "Bacheletismo aliancista" forjado por el otrora abanderado de la derecha, Joaquín Lavín, su total desinterés -al menos transitorio- por participar en las contiendas electorales venideras incluida la presidencial, y el remezón que causó al interior de la alianza derechista.
Entre los argumentos de Hernán Larraín para no continuar a la cabeza de la UDI, mencionó las contiendas por liderazgo, que al expresarse de maneras disímiles, pusieron en contradicción estilos de conducción y de hacer política recurriendo a propuestas populistas o efectistas, en busca de resultados comunicacionales, que hacían perder consistencia en la relación de la UDI con el electorado, entre otros factores, según manifestó a un matutino. Todo ello sin desconocer otros sucesos que juegan un rol en el proceso interno, como son la renuncia de la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, golpeada por las denuncias de irregularidades hechas por el yerno de Joaquín Lavín.
En medio de los esfuerzos de Jovino Novoa por impedir una elección a dos bandas en la UDI los próximos 5 y 6 de julio, nadie podría negar que la crisis.
En la Concertación en tanto, los partidos PPD y Radical Social Demócrata, lanzaron la creación de listas paralelas de candidatos a concejales, bajo el concepto de que tal fórmula captará más votos para los candidatos a alcaldes y el propio bloque de gobierno. El proyecto no tardó en transformarse en conflicto y estallaron las reacciones que alcanzaron niveles de alerta roja, al advertir que la propuesta de dos listas amenazaba la unidad del conglomerado oficialista. Y otros advirtieron que no ello, se ponía en riesgo la propia existencia de ésta.
La propuesta PPD-PRSD, sin estar vinculada con ellos, vino precedida de la expulsión de Adolfo Zaldívar de la Democracia Cristiana, lo que produjo el desgarro de parlamentarios, militantes y dirigentes de la colectividad, quienes protagonizan -después de muchos años- un nuevo cisma en la falange.
También se alejaron de la Concertación y en particular del PPD, Fernando Flores y Jorge Schaulson. Ambos actualmente empeñados en el despegue de Chile Primero, partido tan amplio, tan amplio, en el que tienen cabida desde la ultra derecha a la izquierda extraparlamentaria, a condición de que las personas sean las mejores en su campo o quehacer.
Por añadidura, un grupo de militantes y miembros del Comité Central del Partido Socialista renunció a él y, encabezados por simón Escalona y Francisco Bucat, levantaron candidaturas alternativas para las municipales en lugares tan significativos como Santiago.
Omisión sin ganancias
A un costado de los mayores bloques políticos, el pacto por omisión impulsado por el Partido Comunista y la Concertación, ha determinado en forma preliminar las comunas en que operará. Y aun cuando quedan algunas por definir, lo sustancial ya está acordado. Paralelamente y pese al ordenamiento que significó para la izquierda extraparlamentaria, el acuerdo alcanzado entre el Partido Humanista y los comunistas, sumada la legalización de la Izquierda Cristiana como partido, comenzaron a surgir candidaturas alternativas allí donde este pacto por omisión operará. Auspiciadas por grupos de la izquierda extraparlamentaria que integraron el pacto Juntos Podemos y organizaciones que no participaron de aquel proyecto, comienzan a emerger postulaciones que agregan sus notas al concierto –o desconcierto- político general. Incluso existen comunas en que fueron proclamados como candidatos por las bases del PC y con fuerte apoyo de sectores independientes, líderes que cuentan con una dilatada trayectoria entre la comunidad y que han obtenido votaciones que no vencieron en comicios anteriores debido a las especiales disposiciones adoptadas desde los bloques de poder para impedirlo.
Así las cosas, es evidente que, ya sea debido a los fenómenos que diagnosticó en su momento Expansiva, o por otras causas, se está produciendo un realineamiento político generalizado inhabitual en las contiendas electorales, las que si bien siempre importan movimientos en el mapa político, acercamientos y alejamientos, agrupamientos y rupturas, transitorios o permanentes, entre bloques, partidos, grupos y líderes, ahora el proceso parece tener otro carácter. Como cuando se alinean y preparan las fuerzas en el campo de batalla para una contienda mayor.
Por Raúl Blanchet
El Siglo en Huelga Nº 21
El revuelto mapa político que ofrecen la Concertación y la Alianza por Chile, parece reflejar sucesos o causas que recorren soterradamente nuestra realidad política y social, cuya dimensión y alcance aún no golpean con toda su fuerza.
Pocas veces antes de una contienda electoral, se había vivido un clima tan agitado en los conglomerados políticos más grandes del país, como el que se percibe ahora.
Un poderoso vendaval sacude a los partidos y bloques políticos, concertacionistas y aliancistas. Aún cuando sean motivadas por diferentes causas, la cadena de renuncias públicas a cargos partidarios, desafiliaciones de los partidos, surgimiento de listas paralelas y candidaturas alternativas para las próximas elecciones municipales, remecen al establishment político criollo.
Todo muestra que el epicentro del movimiento sísmico, se encuentran en factores enclavados más profundamente de lo que se podría suponer, pues las reacciones ante cada crisis política parecen incapaces de ponerles fin.
Un pacto nacional que quedó chico
Cuando la consultora Expansiva emitió en 2002 un análisis en que constataba el agotamiento del modelo económico y la necesidad de alcanzar un nuevo pacto nacional para emprender la conducción del país durante los años siguientes, dio cuenta de un fenómeno mucho más concreto que una simple elucubración. Las conclusiones se basaban en cifras y tendencias en desarrollo, que reflejaban la situación económica y social proyectada en una línea de tiempo, que constataba la tendencia a la inestabilidad y probable convulsión del país, si las cosas no cambiaban oportunamente de rumbo. Más allá de lo exacto o no del estudio realizado por el Think Tank del oficialismo, en enero de 2003 se selló el llamado pacto Lagos-Longueira, en el cual se negoció y firmó un acuerdo político legislativo para la "Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento del país", que contenía 49 proyectos de ley, concebidos para reforzar la transparencia del Estado, modernizar su gestión, regular los vínculos entre el dinero y las actividades políticas, y asegurar el desarrollo del país a través de la rápida aprobación de una Agenda Pro Crecimiento.
Aunque tal acuerdo surgió como respuesta a la ola de escándalos por hechos de corrupción que involucraban a funcionarios de gobierno o a personas que lo habían sido, y que amenazaba incluso el término normal del período presidencial, las medidas acordadas no sólo contemplaban superar el difícil episodio, sino instalar una estrategia común que proporcionara también un mecanismo eficaz de cogobierno.
Pero allí no se frenó en definitiva el proceso de desgaste del sistema. Desde el mundo empresarial aumentaron las voces exigiendo mayor flexibilización laboral, como el único camino para retornar a las mejores tasas de crecimiento del país y recuperar así la ruta más estable de desarrollo del modelo económico y con ello, la llegada de los innumerables beneficios que supuestamente debería acarrear. La agenda pro crecimiento avanzó, pero siguió sin lograr la recuperación de las mayores tasas de crecimiento económico de los años 90 -5%, 6 % y 7%- por una parte, y por otra las medidas para establecer mayor transparencia fueron absorbidas por la densa neblina de la corrupción, instalada desde los primeros años de la dictadura al facilitar el saqueo de las empresas del Estado por los grupos económicos –algunos de los cuales se formaron a partir de esas prácticas- y convertida en parte integral de la vida del país, como lo demuestran las incesantes denuncias y revelaciones que permanentemente hacen noticia, sin considerar aquellos casos que todavía permanecen sin ser descubiertos. Una tendencia que involucra a personas de todos los colores políticos, credos religiosos e instituciones.
La movilización social
El incremento de la movilización social es otro de los factores fundamentales que pone en tela de juicio la sustentabilidad del modelo. Grandes grupos de trabajadores subcontratados o externalizados bajo diversas figuras legales, comenzaron a desarrollar nuevas formas de agruparse y exigir mejoras en sus sueldos y condiciones laborales, haciendo crujir el andamiaje del modelo, confirmando en parte los vaticinios hechos por Expansiva en 2002. Subcontratistas forestales, de la minería estatal y privada, trabajadores del salmón, entre otros pilares de la economía exportadora, se plantaron resueltamente con sus demandas y generaron como respuesta de las autoridades un incremento de la criminalización de la protesta social, pero también una mayor barrera al incremento fácil de las utilidades de las grandes empresas. Todo lo contrario de lo esperado de la agenda pro crecimiento, no obstante que las grandes empresas no han dejado de percibir jugosas ganancias.
Una creciente movilización social se hizo presente en el país, como lo demuestran las reacciones de pescadores artesanales, trabajadores marítimo-portuarios, empleados fiscales, profesores, transportistas, entre otros, y muy especialmente los estudiantes, que desde la "revolución pingüina" se instalaron como actores del debate nacional sobre grandes temas y que por estos días protagonizan la toma de numerosos liceos y universidades.
Las comunidades mapuche que pelean por la recuperación de tierras y el establecimiento de derechos plenos para este pueblo nación, agregan un componente de alto impacto al escenario político del país. Reciben como respuesta la militarización de las zonas de mayor actividad, sin que aparezcan soluciones efectivas desde las autoridades. En los territorios en conflicto la tensión no decae. Por el contrario, se advierte la irrupción de métodos más radicalizados de lucha frente a la negativa oficial de satisfacer las demandas de las comunidades y el recrudecimiento de la represión como respuesta principal.
No es mera casualidad que durante el gobierno de Michelle Bachelet, hayan perecido a manos de Carabineros el trabajador forestal Rodrigo Cisternas y el comunero mapuche, Matías Catrileo, sin olvidar a otros asesinados por fuerzas policiales como Alex Lemun o Daniel Menco. Tampoco es casual que durante los primeros cuatro meses de 2008, se registrara la detención 2.634 personas en manifestaciones y protestas de distinta naturaleza, como informó una investigación del Centro de Estudios Francisco Bilbao.
Vientos de tormenta sobre el mapa político
La renuncia de Hernán Larraín a continuar como timonel de la UDI y el instantáneo surgimiento de dos postulaciones a presidir la tienda, encabezada una por Juan Antonio Coloma y la otra por José Antonio Kast, demuestra que las aguas no están nada quietas en ese partido, principal heredero de la "obra" de la dictadura. Baste recordar el "Bacheletismo aliancista" forjado por el otrora abanderado de la derecha, Joaquín Lavín, su total desinterés -al menos transitorio- por participar en las contiendas electorales venideras incluida la presidencial, y el remezón que causó al interior de la alianza derechista.
Entre los argumentos de Hernán Larraín para no continuar a la cabeza de la UDI, mencionó las contiendas por liderazgo, que al expresarse de maneras disímiles, pusieron en contradicción estilos de conducción y de hacer política recurriendo a propuestas populistas o efectistas, en busca de resultados comunicacionales, que hacían perder consistencia en la relación de la UDI con el electorado, entre otros factores, según manifestó a un matutino. Todo ello sin desconocer otros sucesos que juegan un rol en el proceso interno, como son la renuncia de la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, golpeada por las denuncias de irregularidades hechas por el yerno de Joaquín Lavín.
En medio de los esfuerzos de Jovino Novoa por impedir una elección a dos bandas en la UDI los próximos 5 y 6 de julio, nadie podría negar que la crisis.
En la Concertación en tanto, los partidos PPD y Radical Social Demócrata, lanzaron la creación de listas paralelas de candidatos a concejales, bajo el concepto de que tal fórmula captará más votos para los candidatos a alcaldes y el propio bloque de gobierno. El proyecto no tardó en transformarse en conflicto y estallaron las reacciones que alcanzaron niveles de alerta roja, al advertir que la propuesta de dos listas amenazaba la unidad del conglomerado oficialista. Y otros advirtieron que no ello, se ponía en riesgo la propia existencia de ésta.
La propuesta PPD-PRSD, sin estar vinculada con ellos, vino precedida de la expulsión de Adolfo Zaldívar de la Democracia Cristiana, lo que produjo el desgarro de parlamentarios, militantes y dirigentes de la colectividad, quienes protagonizan -después de muchos años- un nuevo cisma en la falange.
También se alejaron de la Concertación y en particular del PPD, Fernando Flores y Jorge Schaulson. Ambos actualmente empeñados en el despegue de Chile Primero, partido tan amplio, tan amplio, en el que tienen cabida desde la ultra derecha a la izquierda extraparlamentaria, a condición de que las personas sean las mejores en su campo o quehacer.
Por añadidura, un grupo de militantes y miembros del Comité Central del Partido Socialista renunció a él y, encabezados por simón Escalona y Francisco Bucat, levantaron candidaturas alternativas para las municipales en lugares tan significativos como Santiago.
Omisión sin ganancias
A un costado de los mayores bloques políticos, el pacto por omisión impulsado por el Partido Comunista y la Concertación, ha determinado en forma preliminar las comunas en que operará. Y aun cuando quedan algunas por definir, lo sustancial ya está acordado. Paralelamente y pese al ordenamiento que significó para la izquierda extraparlamentaria, el acuerdo alcanzado entre el Partido Humanista y los comunistas, sumada la legalización de la Izquierda Cristiana como partido, comenzaron a surgir candidaturas alternativas allí donde este pacto por omisión operará. Auspiciadas por grupos de la izquierda extraparlamentaria que integraron el pacto Juntos Podemos y organizaciones que no participaron de aquel proyecto, comienzan a emerger postulaciones que agregan sus notas al concierto –o desconcierto- político general. Incluso existen comunas en que fueron proclamados como candidatos por las bases del PC y con fuerte apoyo de sectores independientes, líderes que cuentan con una dilatada trayectoria entre la comunidad y que han obtenido votaciones que no vencieron en comicios anteriores debido a las especiales disposiciones adoptadas desde los bloques de poder para impedirlo.
Así las cosas, es evidente que, ya sea debido a los fenómenos que diagnosticó en su momento Expansiva, o por otras causas, se está produciendo un realineamiento político generalizado inhabitual en las contiendas electorales, las que si bien siempre importan movimientos en el mapa político, acercamientos y alejamientos, agrupamientos y rupturas, transitorios o permanentes, entre bloques, partidos, grupos y líderes, ahora el proceso parece tener otro carácter. Como cuando se alinean y preparan las fuerzas en el campo de batalla para una contienda mayor.
Por Raúl Blanchet
El Siglo en Huelga Nº 21
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